MACIEJ SZPUNAR

El abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, ha emitido un dictamen que considera que el sistema de compensación por copia privada aprobado por el gobierno del PP en 2012 no se ajusta a la legalidad comunitaria. La UE considera que no se puede prefijar una cantidad sin calcular el perjuicio sufrido por los autores.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Maciej Szpunar, ha dictaminado en sus conclusiones finales -aunque sus recomendaciones no son vinculantes, se tienen muy en cuenta y suelen anticipar muchas de las sentencias- que está fuera de las normas comunitarias el hecho de que la compensación por copia privada, con la que el gobierno de Rajoy sustituyó el pago del canon digital, no puede fijar un tope al año, ya que según la normativa europea debe atenderse al perjuicio real de los titulares de los derechos de autor.

Diversas entidades de gestión, entre ellas SGAE, EGEDA, DAMA o VEGAP, interpusieron en febrero de 2013 un recurso contra este nuevo procedimiento, al considerar que el Estado  no era quien debía soportar esta carga, sino los beneficiarios de la copia privada, y que no garantiza el carácter equitativo de esta compensación al poner una limitación económica antes de conocer el perjuicio real para los autores. Ya antes, en 2012, el Tribunal Supremo español ratificaba la legalidad del canon digital que suprimió el gobierno del PP.

Si bien Szpunar apunta que la financiación de esta compensación a cargo del Estado es conforme a la ley, no opina lo mismo de la determinación de la cantidad a  pagar. Y es que los importes abonados mediante esta compensación por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado fueron de algo más de 8,6 millones de euros para el ejercicio 2013 y de 5 millones de euros para el ejercicio 2014, mientras que el perjuicio sufrido por los titulares se estimó en 18,7 y 15,2 millones de euros, respectivamente.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE considera que el importe de la compensación abonada a los titulares de los derechos debería, en principio, corresponder al importe del perjuicio que se estima que han sufrido debido a la excepción de copia privada. «A este respecto, no me convencen las alegaciones formuladas por el Gobierno español, según las cuales la limitación de los fondos previstos para el abono de la compensación en concepto de copia privada por debajo del importe estimado del perjuicio sufrido por los titulares de los derechos es inherente al sistema de planificación presupuestaria».

Y concluye que «el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el importe de la compensación mencionada en él se fije dentro de los límites presupuestarios establecidos a priori para cada ejercicio, sin tener en cuenta, para fijarlos, el importe del perjuicio que se estima que los titulares de los derechos han sufrido.»

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