RESULTADOS ASAMBLEA SGAE 2016

El pasado jueves 18 de febrero se celebró la Asamblea General Extraordinaria de SGAE que debía aprobar una nueva reforma de estatutos. Esta vez, supuestamente, se trataba de adecuarlos a la ley Lassalle, la nueva LPI que, de seguro, el nuevo Gobierno entrante deberá modificar o derogar de inmediato para no dejarnos fuera de la nueva normativa europea. La Asamblea votó un no rotundo a la presidencia de SGAE y su gestión actual a través del rechazo a la reforma presentada que, por otra parte, también fue criticada.

La Asamblea General es la única entidad soberana de SGAE. Es decir, es el voto de los socios el que gobierna SGAE. Y esto aun no lo entiende ni la presidencia de la entidad, ni sus órganos de gobierno, ni sus ejecutivos directivos.

Comunicación de SGAE contra sus socios

El departamento de comunicación de SGAE acusa a sus socios ante el Ministerio, intentando provocar una sanción por su parte contra la entidad que agrave aún más su situación financiera y la de sus empleados que ven ya peligrar sus puestos de trabajo.

Solo de esta forma se puede explicar que el departamento de comunicación de SGAE emitiera una esperpéntica Nota de Prensa, que han difundido las principales agencias de noticias, Europa Press y EFE, sin comprobar la veracidad de la información, tergiversando tanto lo que ocurrió en esta Asamblea como el mensaje y resultado de la misma. Es decir, el departamento de comunicación de SGAE ha vuelto a faltar a la verdad a sus socios y a la sociedad, poniendo en peligro evidente de sanción a la masa social de SGAE, eludiendo cualquier responsabilidad institucional y, lo que es más grave, engañando al socio de SGAE y a los medios de comunicación nacionales.

 

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Manipulación informativa de SGAE

 

La inmediata destitución de los responsables de comunicación de SGAE parece indispensable. Obviar que los principales motivos del voto de la Asamblea General eran contra Acosta y su gestión por un lado, y contra el propio contenido de las reformas presentadas por otro (que intentaban colar artículos que nada tienen que ver con la nueva LPI), solo se puede explicar mediante la manipulación burda, y absurda, y la incompetencia.

Tan solo El Confidencial, que parece que fue el único medio que contrastó la información, redactó la noticia acercándose mucho más a la realidad y, sobre todo, sin distorsionarla.

¿Qué ocurrió de verdad en la Asamblea?

Lo que debía ser un mero trámite burocrático tuvo una doble lectura y reacción en la Asamblea. La primera y más repetida y explicada fue el rechazo de más de la mitad de la misma a la gestión de la presidencia de SGAE del Sr. Acosta. Se votó, simplemente, por el cambio de presidencia y de gobierno en SGAE. Y para aclararlo, se leyó un texto consensuado por las asociaciones mayoritarias. La segunda trataba de forma directa la reforma de estatutos presentada: no se podían aceptar cambios estatutarios que privasen del escaso poder que tiene la Asamblea actualmente, ni se estaba de acuerdo con el enfoque que la cúpula de SGAE daba a la adaptación a la nueva LPI a derogar por el próximo gobierno.

En principio, en las reuniones previas a la Asamblea, se decidió proceder a la votación de los ocho apartados de forma directa, sin intervenciones previas. Pero la coreografiada intervención de un editor, el Sr. Milhaud, siguiendo un movimiento que parecía ensayado, pidió al presidente Acosta que explicara las tremendas y devastadoras consecuencias de la no aprobación de la reforma de estatutos cambió el dibujo original. Acosta avisó de la existencia de dos informes jurídicos, que no se leyeron ni se mostraron a los socios, en los que se estimaba que SGAE sería sancionada, algún otro insinuaba que incluso intervenida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en funciones, si no se adecuaba a la reforma de estatutos presentada.

Carlos Duque, representando a una coalición de asociaciones de autores, leyó entonces un comunicado en el que explicó a los socios que existía otro informe encargado por estas asociaciones en el que se decía lo contrario a los oficiales de SGAE. Además, Duque dejó claro la primera y principal de las argumentaciones hacia el voto negativo a la reforma estatutaria propuesta: el rechazo a la presidencia de Acosta, que lleva a la sociedad a sus límites financieros y a una división social sin precedentes. Se votaba pues una censura a la presidencia y a la gestión de la única forma posible para la Asamblea soberana. Acosta fue avisado sin duda de ello antes de proseguir con las votaciones.

No se entiende cómo en un entorno de creadores y ante la exposición pausada de un comunicado consensuado hubo un grupo de exaltados oficialista que provocaron el único momento violento de la Asamblea. Sigue dando vergüenza ajena el comportamiento de algunos socios en un entorno que debiera ser de exquisita educación por la naturaleza de sus socios. El resto de la sesión sí transcurrió sin el menor problema. Las votaciones apagaron las voces que solo buscan el ruido.

¿Qué se votaba?

Después se produjeron todas las votaciones, tras una informativa exposición del Sr. Secretario General de SGAE de cada uno de los bloques de cambios en los artículos de los estatutos. Parece obligatorio que SGAE envíe a los socios por correo las reformas estatutarias a aprobar, como se hacía antes, máxime si son tan vitales como ahora se dice para el futuro inmediato de la entidad pero el aparato las “divulgó”, o quizá “ocultó”, en el SSI o área de socios de la web de SGAE. Es decir, si un socio quería saber qué iba a votar, y al parecer era de vital transcendencia para la entidad según esos informes jurídicos que tampoco han sido mostrados a los socios, tenía que buscarlos.

Para que la reforma de estatutos hubiera sido aprobada se habría necesitado una mayoría cualificada de 2/3 de los socios acreditados. Pues bien, este dato también se ha ocultado en la nota de prensa de SGAE, resultando que cada uno de los puntos fue rechazado por más del 50% de los votos y, en algunos casos, rondó el 65% de noes. La presidencia de SGAE y esta Junta Directiva estuvo muy lejos de poder aprobar la reforma.

El debate

Tras un resultado tan aplastante, cualquier administración de cualquier empresa habría dimitido. Y el primero de ellos, su presidente. Pero no fue así y se procedió al curioso apartado de ruegos y preguntas en el que, tras una transcendental intervención del Sr. Gonzalo García Pelayo acerca del caso SAGA (que parece haber pasado inadvertida dada la naturaleza de la Asamblea y que intentaremos tratar en otro post pues creemos que traerá importantes consecuencias), se procedieron con las intervenciones políticas.

ACAM, a través de su presidente, fue la primera en interpelar a la presidencia y, por extensión, a los vicepresidentes, Consejo de Dirección y Junta Directiva por el camino a seguir tras un resultado tan contundente y un mensaje político tan duro. José De Eusebio pidió que se explicase a la Asamblea qué cambios se iban a realizar en el organigrama de SGAE para incorporar a la gestión de la casa a los autores que generan casi el 80% de sus ingresos y que ahora mismo carecen de poder alguno en SGAE, los autores de música.

Además, De Eusebio indicó que SGAE era ingobernable con más del 50% de la Asamblea en contra y que el bloqueo institucional que se había producido era solo responsabilidad de sus órganos de gobierno y, en concreto, de su presidente. Añadió que, de no realizarse ningún cambio, SGAE quedaba bloqueada como entidad ya que la Asamblea soberana iba a parar cualquier iniciativa transcendental de la misma, y pidió respuestas y propuestas a los dirigentes de la entidad.

La carta de Fermín Cabal

En su última intervención, De Eusebio sacó el texto de la carta del Sr. Fermín Cabal y preguntó a la vicepresidenta de Gran Derecho, Paloma Pedrero, por su contenido. Esta contestó diciendo que se trataba de la filtración de un miembro de su colegio, acusando abiertamente a alguno de sus colegas de Junta Directiva, y que tan solo era un borrador (tiene diez páginas…) El presidente Acosta le cortó la palabra para indicar que no era cierto, y que él mismo había sido quien había enviado la carta de Cabal a la Comisión Permanente. La vicepresidenta Paloma Pedrero había faltado a la verdad ante la Asamblea soberana de SGAE.

Acosta, sin embargo, no indicó cambio alguno en el organigrama de SGAE tras la intervención de José De Eusebio, ni tampoco aclaró si se abriría un expediente disciplinario a Fermín Cabal, ante lo que el Sr. Fernández Sastrón le interpeló diciendo que tan solo el presidente tenía la facultad de proponer el orden del día de la Junta Directiva y, por tanto, de tomar la iniciativa en este sentido.

La exposición de ACAM

ACAM solicita por un lado la dimisión del presidente Acosta, o como mínimo que ponga a disposición de la Junta Directiva su cargo, y  la apertura de ese expediente disciplinario, así como el despido del actual cargo del Sr. Fermín Cabal en la Fundación SGAE. Su ataque frontal a los autores de Audiovisual, de música y de todos los empleados de SGAE (para los que pide abiertamente un ERE) debe tener una respuesta rápida y contundente por parte del aún presidente de SGAE. Debido a la gravedad de las afirmaciones de la Sra. Paloma Pedrero ante la Asamblea, al intentar engañarla echando la culpa de la filtración de la carta de Cabal a un miembro de su colegio cuando el presidente Acosta explicó que faltaba a la verdad, la vicepresidenta de Gran Derecho debiera también recibir como mínimo un apercibimiento de la Junta Directiva, o la apertura de expediente disciplinario si se estima que la Sra Pedrero habría supuestamente mentido ante la Asamblea: no se puede intentar engañar a la Asamblea General faltando a la verdad, eludiendo entrar en la gravedad del contenido de la carta del Sr. Cabal y echarle la culpa de su filtración a un miembro de su propio colegio.

Los artículos 30, 31 y 32 de la Sección 2ª, Régimen disciplinario y Sanciones, de los Estatutos vigentes de SGAE regulan esta grave actuación del Sr. Fermín Cabal. Su aplicación debe ser inmediata o el presidente Acosta será a su vez responsable de los inconcebibles actos cometidos por el Sr. Cabal, compartiendo el infame contenido de su escrito en el que descalifica gravemente a los empleados de SGAE, divulga datos privados financieros y de otra índole de algunos socios, desprecia a todo aquel que no comparte su desastrosa gestión al frente del colegio de Gran Derecho y a su continuación en la figura de Paloma Pedrero, y difunde insultos, datos manipulados y acusaciones -como las de Thesan- que no pueden dejarse pasar por alto.

Acosta no puede lavarse las manos. No es responsabilidad de la Junta Directiva. Es el presidente de SGAE, Acosta, quien marca el orden del día de la Junta Directiva y, por tanto, debe proponer este mismo lunes 22 de febrero una Junta Extraordinaria para abarcar este grave asunto que, una vez más, puede llevar a SGAE ante situaciones y sanciones inasumibles. Acosta debe defender a sus socios y empleados ante la brutal carga de desprecio, insultos y acusaciones que desprende otro empleado, Fermin Cabal, contratado por la Fundación SGAE.

ACAM, dado el resultado de esta Asamblea General, considera que, de no producirse la dimisión de Acosta, al menos debiera poner a disposición de la Junta Directiva su cargo para que ésta decidiera sobre su continuidad al frente de una sociedad sin plan de gobierno, sin estabilidad social y con unos resultados financieros pésimos que empeoran año tras año.

Petición de dimisión de Acosta

El Sr. Juan Márquez, quien en su blog habla de las contradicciones, errores y razones técnicas por las que no se aprobaron la reforma de estatutos presentada ante la Asamblea General Extraordinaria, intervino para preguntar directamente al presidente Acosta si pensaba dimitir tras un resultado tan grave y abrumador en las votaciones.

Acosta sí respondió a esta pregunta: no. No va a dimitir. No ve por qué tiene que dimitir.

Márquez, relatando con profesionalidad y conocimiento que el argumentario oficial de la reforma de estatutos presentada no obedecía a la realidad exigida por la LPI y que se estaba intentando “colar” en la reforma propuesta artículos que nada tenían que ver con la misma, quitando aún más poderes a la Asamblea General de los pocos que hoy tiene (la aprobación de cuentas y gestión y la reforma de estatutos), y remarcando que la asamblea había emitido un mensaje contundente que en cualquier empresa habría conllevado una dimisión inmediata, conminó a Acosta a reconsiderar su posición dad la ingobernabilidad de SGAE al excluir a los autores de música de la gestión de la misma.

División de SGAE, división de colegios

El consejero Javier Losada, en una de las últimas intervenciones, pidió abiertamente que se abrieran las negociaciones para la separación total de la gestión de los colegios en SGAE. Indicó que, dada la actitud de imposición absoluta del gobierno de la minoría frente a aquellos que general la mayor parte de los ingresos de SGAE, y dada la muy diferente naturaleza de los derechos que cada colegio gestiona, el gobernar únicamente mediante el apoyo inaudito de las editoriales de las majors en contra de una Asamblea General parece insostenible.

Además Losada incidió también en el bloqueo institucional absoluto al que somete SGAE la actual presidencia, y su responsabilidad personal ante la imposibilidad de gobernar esta entidad de gestión con más del 50% de la Asamblea en contra.

Losada propuso comenzar a trabajar en esta división de SGAE que sería histórica y definitiva. De nuestro entorno y equivalencia legislativa, Francia actúa de manera similar, siendo la SACEM la sociedad de gestión que administra los derechos exclusivos de la música y recaudando anualmente cifras por encima de los 800 millones de euros frente a los cerca de 200 en que no llega a estar SGAE en la actualidad con todos los colegios unidos.

La intervención de Sastrón

Esperada y brillante fue la intervención, muy al final de la larga sesión, del vicepresidente de Pequeño Derecho que, salvo las interpelaciones puntuales, guardó su dialéctica final para la conclusión de los últimos compases de la Asamblea.

Sastrón explicó de nuevo a Acosta que todo esto se podía haber evitado con su dimisión, visto el rechazo de la Asamblea a su presidencia. Le comunicó que había antepuesto su interés personal al general y que en cualquier otra organización, la propia Junta Directiva exigiría su dimisión.

Así mismo, Sastrón le recordó que había incumplido los acuerdos del pasado junio, cuando en la Asamblea General Ordinaria el vicepresidente de Pequeño Derecho dio orden a última hora de cambiar el voto que habría negado una vez más la aprobación de cuentas de 2013 y 2014 a cambio de un pacto de gobernabilidad que incluía ciertas revisiones del Reglamento de SGAE y de su organigrama institucional, en concreto la creación de la figura de Consejero Delegado.

Acosta contestó que había atendido a lo primero pero no consiguió explicar muy bien por qué no hizo lo segundo, salvo una leve insinuación a que otros no lo habrían visto bien, o no lo habrían apoyado.

También Sastrón habló de la violenta carta de Fermín Cabal y explicó a Acosta que no solo a él le compete iniciar el proceso de sanción ante la Junta Directiva, y que no podía desoír el clamor de una masa social indignada y el de unos trabajadores que se ven desamparados y ultrajados.

Bloqueo de SGAE

Es difícil entender cómo va a seguir gobernándose una casa como SGAE, cuya recaudación cae en picado desde que entró la Guardia Civil en julio de 2011, si su Asamblea General ha votado en contra de sus órganos de gobierno tres veces ya en las últimas cuatro Asambleas Generales.

Los socios de SGAE han rechazado las cuentas de 2013 en dos ocasiones, han rechazado dos reformas de estatutos, y aprobaron in extremis en junio pasado las cuentas de 2013 y 2014 tras llegar a un pacto que no se ha cumplido. Es fácil adivinar lo que ocurrirá en las siguientes si no cambia de forma drástica todo el organigrama político de SGAE.

No existe proyecto político alguno, o al menos los socios lo desconocen. No existe proyecto financiero alguno, o al menos los socios lo desconocen. No hay paz social, como evidencia la agresividad del ex-vicepresidente Fermín Cabal. No hay viabilidad financiera alguna en la entidad salvo que se suba de inmediato el descuento de administración. Además, si se confirman los rumores de una supuesta sentencia -algo de lo que ACAM avisó en la Asamblea de 2014, que el conflicto con Hacienda se iba a perder y que, al menos, supondría 20 millones de euros- que pudiera condenar a SGAE al pago de hasta 44 millones de euros, recurrible solo como recurso de casación ante el Supremo, la situación sería insostenible.


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