Informe borrador Orden Metodología Fijación Tarifas LPI Ministerio Cultura

La CNMC ha publicado el pasado 4 de noviembre un informe de extraordinaria importancia para los autores dada la agresiva legislación que el actual Gobierno intenta desarrollar antes de las próximas elecciones generales. La CNMC fulmina y condena a una nueva redacción al borrador de Orden Ministerial que determina las tarifas que los autores podíamos establecer sobre el uso de nuestra obra. La normativa que desarrolla la nueva Ley de Propiedad Intelectual no ha gustado a ninguno de los actores afectados por la misma.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en una nota de prensa que ha tenido eco en pocos medios de comunicación, y ninguno por parte de SGAE ya que no ha difundido su contenido entre sus socios a pesar de su enorme trascendencia, ha publicado un informe “sobre el borrador de Orden Ministerial con los criterios que determinan las tarifas que establecen las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (EGDPI).”

Su contenido se fija exclusivamente en el borrador de la metodología para determinación de tarifas generales que “desarrolla la Ley de propiedad intelectual (artículo 157.1 b) del texto refundido” y en el mismo “efectúa una serie de recomendaciones desde la óptica de la promoción de la competencia y de la regulación económica eficiente.”

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha conseguido algo impensable cuando se publicó la modificación de la LPI, la Ley 21/2014 que modifica el TRLPI: poner a todos (usuarios, titulares, entidades de gestión y CNMC) de acuerdo en que el texto de la Orden es una inasumible, contrario a toda normativa sobre mercado libre vigente en la UE, y de una agresividad inusitada ante los derechos de los autores. La CNMC indica que lo único que procede es volver a redactarlo desde el principio.

El Gobierno aprueba la reforma de la LPI

Increíble pero cierto, como se puede comprobar en la nota de prensa y en el texto del informe. A instancias del propio Gobierno, que solicita a la CNMC un Informe de Proyectos Normativos (IPN, por estar referido a actuaciones normativas), ésta, otro organismo oficial del Estado, le comunica que legisla contra su propia reforma de la TRLPI.

Algo parecido, aunque en relación a la TRLPI y no a su reglamentación, ya hizo el Consejo de Estado en un Dictamen que criticaba con dureza el borrador de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, la TRLPI fue aprobada por el Parlamento y está vigente en la actualidad. Es decir: la CNMC le informa al Gobierno que está intentando vulnerar su propia ley de propiedad intelectual, pero ese mismo Gobierno ya ha desoído dictámenes parecidos de otros órganos consultivos del propio Estado.

En lo que corresponde a ACAM, esta asociación presentó alegaciones al borrador de la Orden de la Metodología para Determinación de Tarifas Generales de Entidades de Gestión y, de manera notable, algunas de dichas alegaciones coinciden en su totalidad con las observaciones de la CNMC, aunque, evidentemente, el informe de la CNMC continúa en su línea de crítica y beligerante vigilancia sobre las EGDPI, y en particular sobre SGAE.

Ninguna otra Asociación externa a SGAE o a las pertenecientes como entidades de gestión a ADEPI presentó alegaciones contra este borrador. ACAM lo hizo, y antes de ello, pidió la retirada retirada del borrador de metodología de tarifasAhora la CNMC utiliza en su  Informe de Proyectos Normativos (IPN) parte del argumentario que ACAM sostiene ante el Ministerio de Cultura en sus alegaciones.

ACAM también presentó las correspondientes alegaciones contra el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual

SGAE sigue delegando casi con total exclusividad su presencia “legislativa” en ADEPI, que sí presentó sus alegaciones ante el Ministerio de Cultura en nombre de todas las entidades de gestión que la componen, incluida SGAE. En ADEPI, sin embargo, conviven entidades de gestión muy diversas, englobando intereses de productores y autores en una misma entidad, algo que pareciera requerir de una acción jurídica propia por parte de SGAE que, históricamente, era la que comandaba toda las actuaciones en el ámbito normativo, tal y como ACAM recordaba al hablar del histórico Antonio Delgado, jefe de Servicios Jurídicos de SGAE hasta su muerte en la víspera de la entrada de la Guardia Civil en SGAE.

Ramón Casas sobre la LPI

Volviendo al informe de la CNMC, concretamente tanto la CNMC como ACAM entienden que la Orden Ministerial (toda o, al menos parte de la misma) es nula de pleno derecho al infringir el principio de legalidad e incurrir la misma en un evidente “ultra vires” consistente, en esencia, en:

a) Que el borrador de la Orden incumple el mandato legislativo del art. 157.1 b) TRLPI al no regular la metodología para la determinación la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión.

b) Que el borrador de la Orden incumple el mandato legislativo del art. 157.1 b) TRLPI al regular cuestiones ajenas a la metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión.

¿Por qué se llega a este punto? Además de la descarnada actuación política del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y del Secretario de Estado de Cultura, el Sr. Lassalle, existen otros factores externos. El principal de ellos, la inactividad jurídica de SGAE que, en otro tiempo, hubiera sido quien hubiera capitaneado la redacción de la Orden Ministerial, asesorando y dando el soporte técnico y material necesario al Ministerio. La delegación de sus funciones jurídicas en otras entidades solo ha traído consecuencias de dimensiones inimaginables para los autores hace tan solo cuatro años.

Ante la comprobación de que incluso la CNMC (aunque por otras causas) considera que el borrador de la Orden debe de ser retirado, podríamos estar satisfechos. Nada más lejos de la realidad puesto que cuanto más se prolongue este periodo transitorio en el que estamos (la Ley 21/2014 entró en vigor a 1-1-2015), la debilidad de las entidades de gestion, y de SGAE especialmente, será mayor dada la inseguridad jurídica con la que se opera.

O bien SGAE da un giro radical en su actuación jurídica y de lobby, o el derecho de autor en España sufrirá un golpe mortal tras la labor legislativa del actual Ministerio de Cultura y su ley Lassalle que, curiosamente, está acelerando su reglamentación a toda prisa aún con las Cortes disueltas y una convocatoria electoral inminente. Da mucho que pensar y es toda una declaración de intereses políticos, económicos y financieros.

Mientras tanto, los autores callan. Su futuro depende de una normativa que se redacta con celeridad y aparente alegalidad. Pero callan. ¿A quién beneficia realmente todo este cambio normativo de los derechos de autor en España para legislar con esta prisa?

Resumen del Informe de la CNMC

  • “Se ha de buscar una formación eficiente de tarifas, orientando la remuneración de las EGDPI a variables relacionadas con el uso efectivo del repertorio y al valor económico del servicio prestado. El criterio de los ingresos económicos no debería tener en ningún caso un papel exclusivo, como han manifestado reiteradamente las autoridades de competencia nacionales y comunitarias, refrendadas por la jurisprudencia.
  • Se debe asegurar una formación no discriminatoria de tarifas. Para ello debe asegurarse que la actuación de las EGDPI sea razonable y transparente, recogiendo dentro de las tarifas generales las condiciones particulares acordadas con los usuarios, de tal manera que aquellos usuarios que se encuentren en situaciones similares puedan acogerse al mismo tratamiento.
  •  Las diferencias de trato para los usuarios que tengan encomendadas la gestión de servicios públicos de radio y televisión, las entidades culturales y los usuarios de servicios en línea, podrían no ser enteramente coherentes con el Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual (TRLPI) y presentan riesgos de afectación al principio de neutralidad competitiva.
  • La regulación del valor económico del servicio prestado por las EGDPI no introduce suficientes incentivos para que éstas se comporten de una forma eficiente, como lo haría una empresa bien gestionada en un entorno competitivo.
  • Existen serias dudas sobre si el Borrador de Orden es enteramente respetuoso con los principios de jerarquía normativa y reserva de ley. Como norma de carácter reglamentario, el Proyecto de Orden no puede modificar o contravenir lo establecido por el texto refundido de la Ley y, por otro lado, ha de limitarse a cumplir con la habilitación legal sin excederla.
  • Convendría revisar la redacción íntegra del Borrador de Orden para garantizar la conformidad con el texto refundido de la ley, evitar las incoherencias y unificar la redacción entre distintos preceptos de la misma norma, de modo que cumpla con su finalidad expresa de introducir simplicidad y claridad en las tarifas.”

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