Asamblea_Extraordinaria_SGAE_2018

La Asamblea General Extraordinaria de la SGAE no aprobó ayer la reforma de los Estatutos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a pesar de que en 58,1% de los votos apoyaron la propuesta frente al 40,9% que la rechazó. El respaldo de la normativa requería una mayoría de 2/3 de la Asamblea General Extraordinaria. Sí salieron adelante las normas de reparto de derecho, con un 54,7% de votos a favor.

De un total de 22.536 votos, 13.074 (58,1%) fueron a favor, 9.220 en contra (40,9%) y 242 (1%),abstenciones. La reforma propuesta por la SGAE era necesaria para adaptar la entidad de gestión a la Ley de Propiedad Intelectual y la Directiva Europea. En la anterior Asamblea, celebrada el pasado mes de junio, la reforma de Estatutos presentada entonces recibió un 66,6% de votos negativos, y un apoyo del 31,4%.

Al igual que ocurrió en las Preasambleas Territoriales durante la semana pasada, también se sometió a la votación de los socios por mayoría simple la normativa de reparto de derechos de la entidad, acorde a la Ley de Propiedad Intelectual y el reparto de derechos de Ejecución del mes de diciembre.

Los socios reunidos en Asamble sí que dieron luz verde a las normas de reparto de derechos. De un total de 21.962 votos, 12.022 (54,7%) han sido a favor, 9.755 en contra (44,4%) y 185 se han abstenido (0,8%).

No así en lo que respecta a la ratificación del reparto de derechos de Ejecución del mes de diciembre, medida rechazada por la Asamblea. De un total de 21.823 votos, 9.870 (45,2%) han sido a favor, 11.617 en contra (53,2%) y 336 se han abstenido (1,5%).

Las modificaciones introducidas en los Estatutos, para adaptarlos a la normativa vigente, suponían una mayor exigencia de transparencia, reforzaban la supervisión a través de nuevos mecanismos de control y otorgaban mayores poderes y competencias a la Asamblea General. En cualquier caso, se trataba estrictamente de los cambios exigidos por la nueva legislación.

Con la reforma estatutaria, la Asamblea General ampliaba notablemente su poder de decisión en asuntos clave. Entre sus nuevas funciones figuraba la ratificación de la política y el reglamento de reparto, la aprobación de la compra-venta de inmuebles y la elección de los miembros de la Comisión de Supervisión (órgano de nueva creación). De forma paralela, el presidente de la Junta Directiva perdía poder ejecutivo.

En términos de transparencia, los nuevos estatutos obligaban a la Junta Directiva a elaborar un Informe Anual de Transparencia, que debía ser igualmente refrendado por la Asamblea General.

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