INFORME CREADORES

El valor de los contenidos pirateados entre 2012 y 2014 asciende a 54.601 millones de euros, según datos del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales, realizado por la consultora independiente GfK, y ha impedido que el Estado ingrese 1.648 millones de euros en impuestos durante los últimos años. Además, en España haymás de 8.000 accesos a contenidos ilegales por minuto.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha hecho público su estudio “Sin resultados en la lucha contra la piratería digital”, que ha crecido año tras año causando enormes perjuicios a las empresas y profesionales de este sector estratégico.

Las cifras arrojan que si en 2012 eran 5.800 accesos ilegales en España por minutos, en 2013 ascendieron a 6.73 y en 2014a 8.476, crecimiento que se refleja también en el valor de lo pirateado –de 15.300 millones en 2012 a 23.265 en 2014– y de la pérdida de ingresos para el Estado que fue de -494 millones en 2012, -526 millones en 2013 y -628 en 2014, es decir, un total de 1.648 millones de pérdida de ingresos en estos tres años.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, declaró «la guerra» a la piratería en internet el pasado septiembre, y su predecesor Wert decía compartir esta convicción por sentirse parte del sector, pero no se ven resultados. «Una industria que según datos del Gobierno facilita 720.000 empleos y supone casi un 4 % del PIB ha seguido reclamando en balde a su interlocutor en la Secretaría de Estado de Cultura hechos que diera muestra de su voluntad de aplicar eficazmente la Ley en vigor», recoge el informe.

Según la Coalición de Creadores, el Gobierno no ha sabido impulsar la vía administrativa para lograr con éxito un descenso drástico de la piratería y un afloramiento necesario de la oferta legal: la vía penal, como ha señalado el Tribunal Supremo, es adecuada para los casos más graves, mientras que la administrativa tiene por único fin restaurar la legalidad y es la que permite frenar los graves perjuicios para titulares, industria, trabajadores y arcas públicas de manera inmediata.

“Es un procedimiento dirigido contra las páginas que albergan dichos contenidos, no contra los usuarios, cuyo objetivo es la retirada rápida de los contenidos pirateados de la circulación, y que ha demostrado ya su rotunda eficacia en otros países de nuestro entorno”, señala Carlota Navarrete Barreiro, directora de la Coalición. El sector no se explica por qué no se aplica la normativa vigente pese a que las garantías son máximas, con una actuación administrativa sometida al control judicial previo que impide tomar medida alguna sin autorización del juez.

 

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