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El Tribunal Supremo ha acordado declarar “nulo” e “inaplicable” el decreto que establecía el pago de la compensación por copia privada a cargo de los presupuestos generales del Estado. De esta manera, ratifica la sentencia emitida el pasado 9 de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, será la industria tecnológica la que tendrá que asumir este coste.

El fallo del Tribunal Supremo viene a certificar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio declaró inválido el sistema, ya que la compensación a los autores por copias de sus obras por los particulares se pagaba con presupuesto público. Europa consideró que el abono de esa compensación se realizaba con dinero de todos, hayan adquirido o no aparatos de reproducción y sean o no personas físicas.

La UE declaró sin “fundamento legal” este sistema y el Supremo ratifica ahora esa declaración de nulidad por estar en conflicto con la legislación europea. El llamado canon digital con cargo a los prespuestos generales fue aprobado por el Gobierno en 2012 en el Real Decreto 1657/2012, a instancias del ejecutivo de Mariano Rajoy y propuesto por el entonces ministro José Ignacio Wert y el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.

El Supremo consultó a la UE, según la sentencia del Alto Tribunal, si era conforme a la ley europea que ese concepto se pague a partir de una estimación del prejuicio causado y con cargo al dinero público, “sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas”. El Tribunal de Justicia de la UE respondió que no.

Esta sentencia responde a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).

Ya en enero, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, emitió un dictamen que consideraba que el sistema de compensación por copia privada español fuera de la legalidad comunitario, al considerar que no se puede prefijar una cantidad sin calcular el perjuicio sufrido por los autores.

Desde que se puso en marcha el decreto del Gobierno en 2012, los creadores han visto caer sus ingresos por compensación de copias privadas en más de un 80% y desde 2012 se cifran en 5 millones de euros los que se consignan cada año en los presupuestos generales del Estado, frente a los 115 millones que se ingresaban hasta el año 2011.

Aún se desconoce el camino que van a iniciar las entidades de gestión para la más que probable reclamación de los cientos de millones de euros que se han dejado de ingresar y repartir entre los autores y tenedores de derechos de propiedad intelectual por la increíble actuación legislativa del último gobierno. Sin duda, esos más de 100 millones de euros anuales, que se dejaron de ingresar en 2012, deben ser un objetivo jurídico inexcusable para los gestores de nuestros derechos.

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