CARLOS GUERVOS MINISTERIO CULTURA

Con fecha 31 de julio, la Subdirección General de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha publicado en su página web el borrador de Orden que regulará las tarifas de nuestro repertorio. En concreto, se trata de la “metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”, dando el plazo de audiencia a SGAE y demás entidades de gestión para la realización de alegaciones hasta el próximo 18 de agosto.

Ni las entidades, ni los autores, ni los demás titulares de derechos han tenido conocimiento o participación en este borrador hasta este trámite. El Ministerio ha enviado el borrador a las entidades de gestión colectiva la pasada semana en una breve nota que les remite a presentar sus alegaciones en cuestión de días. Lo hizo, además, el mismo día en que publicaba el borrador de Orden en su web.

Históricamente, y desde la redacción del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual de 1934, SGAE había tenido una participación activa y esencial en la preparación y redacción de los textos legales en materia de propiedad intelectual, máxime cuando los mismos regulan aspectos tan esenciales como lo que los autores cobra por el uso de sus obras, como es el caso.

Incluso entonces formaba parte de la Comisión de redacción de este texto el entonces Secretario General de SGAE como miembro de pleno derecho. En el histórico de nombres ilustres que SGAE aportaba al estudio y redacción de las leyes que afectaban a los autores el nombre de Antonio Delgado cobra especial importancia. Hasta su fallecimiento, precisamente el 1 de julio de 2011, fecha en la que la Guardia Civil entra a SGAE con más de 40 efectivos, todas las normas sobre la materia habías salido de su pluma o se habían tamizado por su criterio.

Antonio Delgado es el principal ideólogo de los derechos de autor en España,  y de la SGAE tal como la conocimos en su momento más álgido. Delgado llegó a ser referencia internacional en la gestión colectiva y la propiedad intelectual, siendo uno de las figuras de referencia de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o WIPO, World Intelectual Property Organization. A tenor de lo visto en la redacción de la metodología para la determinación de las tarifas generales que el Ministerio intenta aprobar en mitad de agosto, sus principios están siendo traicionados por nuestros legisladores e incluso por la propia SGAE.

La pérdida de influencia y peso de SGAE en estos procesos legislativos es una nueva prueba del absoluto desconcierto y falta de gestión en que está sumida nuestra SGAE.

En contraposición, de la lectura de este texto que propone el Ministerio de Educación y Cultura se deduce que los usuarios de derechos de propiedad intelectual, a través de sus potentísimos lobbys, no sólo han accedido al texto con anterioridad sino que han redactado parte del mismo, sesgándolo en su interés y beneficio.

Para ello, según nos confirman diversas fuentes, han contado con la inestimable ayuda de varios de los anteriores directores de Asesoría Jurídica de SGAE, a los cuáles ésta ha formado durante años, y que conocen sobradamente tanto las claves del sistema de recaudación de derechos como el know how del mismo. Con este legislación y su extraña tramitación en agosto parece que tratan de enterrarlo definitivamente.

Mención especial a este respecto merece Agustín González, durante más de 10 años director de los Servicios Jurídicos de SGAE y actual abogado de Uría y de los usuarios más importes de los derechos que gestiona SGAE (televisiones, radios, hoteles, etc). González pasó de ser la cabeza jurídica de los autores a convertirse en el asesor de los usuarios de nuestro repertorio.

De aprobarse el texto de esta Orden como está en el borrador que el Ministerio intenta tramitar en mitad de agosto, ACAM estima que la recaudación de SGAE se podría reducir en un 30/40% anual respecto de la ya paupérrima recaudación actual (en una franja que puede ir de los 70 a los 90 millones de euros). Esto repercutirá en los autores, que verán bajar sus liquidaciones de derechos proporcionalmente si nadie lo remedia.

Se confirma así el final de una guerra emprendida en 2009 por los usuarios de derechos de los autores: el precio de la obra de los autores no lo pondrán los autores. Serán los usuarios quienes fijen el importe a pagar a los autores por el uso de sus propias obras.

Es vital que la Junta Directiva y el Consejo de Dirección de SGAE, así como del staff directivo, reviertan su acción en todo este proceso. O bien no han formado parte del mismo, o no han sabido defender los intereses de los autores. SGAE debe retomar el liderazgo que personalidades como Antonio Delgado se ganaron ante el poder legislativo. Los usuarios, sin embargo, sí están activos. Y este borrador que presenta el Ministerio es buena prueba de ello.

Si la Dirección General de SGAE y los otrora prestigiosos servicios jurídicos de SGAE estuvieran liderando este proceso, en lugar de estar ocupados con las luchas internas interminables y las imputaciones judiciales infinitas, los autores no verían en peligro un derecho que parece natural: el precio de su obra lo pone el propietario, no el usuario.

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