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El vicepresdiente de Pequeño Derecho en la SGAE, Javier Losada, dirige una carta a los socios en la que reflexiona sobre los resultados de la auditoría realizada a la sociedad con motivo del reparto realizado por las multinacionales.

La carta de Losada refleja todo un proceso de supuesta destrucción dirigida por parte de alguans multinacionales. La auditoría, aún en curso, desvela supuestas irregularidade en miles de contratos por parte de algunas compañías.

“Martes, 18 de septiembre de 2018

Queridos socios y socias, compañeros y compañeras del Pequeño Derecho:

En este comunicado deseo haceros partícipes de la situación y el estado de la problemática relacionada con los Contratos Editoriales y la Documentación de Obras. Quiero informaros también de que este mismo documento está siendo enviado al Ministerio de Cultura para su debido conocimiento a todos los efectos. En el año 2010, a consecuencia de la implantación de un nuevo sistema informático en la entidad, se inició un proceso completo de digitalización de la base de datos de todo el repertorio representado por la SGAE. Los técnicos que realizaban este trabajo, ya en aquel momento, alertaron a los órganos de administración sobre la detección de diferentes errores, carencias e inexactitudes en la documentación de los contratos generales que los socios editores (especialmente las grandes editoriales multinacionales) utilizan para cumplimentar el registro en las entidades de gestión de derechos de autor de las obras adscritas a los grandes catálogos en que dividen los extensos repertorios que representan. La comprobación de los errores detectados dejó al descubierto la existencia de fallos en la documentación de las obras, que parecen más frecuentes en dichos repertorios internacionales.

El protocolo seguido para el registro de estos grandes repertorios es el siguiente:

-Los Editores declaran los contratos y catálogos previamente, en lugar de las obras por separado, por lo tanto, las obras se registran, principalmente, a través del registro masivo electrónico (de la misma forma que en el resto de entidades de todo el mundo) pero, con este sistema, las verificaciones que, de forma individual, sobre cada una de las obras se pueden realizar son pocas, la veracidad de los datos contenidos en los Contratos Generales en estos repertorios es presuntamente baja, y la trazabilidad y transparencia de la información, muy escasa.

Un ejemplo de muestreo, que ya se llevó a cabo en 2010, comprobó 11 contratos que afectaban a 13.099 obras, de las cuales, 2.688 mostraron deficiencias de documentación y errores diversos. En este ejemplo hubo más obras en las que se detectó que el subeditor recibió en sus liquidaciones distinto porcentaje del que marca su contrato, o el autor recibió un porcentaje diferente del firmado en el contrato original, pero el error podría ser en cualquier sentido.

Si extrapolamos esos resultados a los 1.725 Contratos Generales y los 35.274 contratos entre “no miembros” existentes en la SGAE en aquel momento, el número de obras que podrían estar mal documentadas y con errores que afectarían a los derechohabientes sería alrededor de 345.000 (solo hasta 2010), lo que, a nuestro juicio, no solo justificaba, sino que hacía imprescindible un estudio más riguroso de esta casuística.

En definitiva, los contratos no están siendo bien interpretados y los porcentajes de los derechohabientes aparecen a menudo mal reflejados en los repartos, errores que son materializados, finalmente, en liquidaciones de derechos en muchos casos incorrectas. Todos estos problemas podrían ser solucionados en la SGAE (y en todas las sociedades del mundo) siempre que se tenga la documentación correcta de los contratos y la información puntual necesaria para corregirlos que, de buena fe, los editores, a solicitud de la SGAE en cumplimiento de su Reglamento, deberían poner a su disposición. Pero la colaboración por parte de estas compañías editoriales multinacionales ha sido escasa, o nula, en algún caso, como también lo ha sido hasta esta última etapa, aparentemente, el rigor de la entidad a la hora de exigirla.

El 26 de febrero del año 2016, tras varios intentos fallidos, los miembros del Colegio de Pequeño Derecho, a fin de corregir definitivamente este grave problema que afecta a miles de socios y asegurar que los compañeros autores reciban las remuneraciones que realmente les corresponden, acordaron solicitar formalmente al Consejo de Dirección, una auditoría externa de contratos editoriales y documentación de obras.

La solicitud de dicha auditoría obtuvo tal oposición frontal por parte de los miembros del Colegio Editorial y también por los del Colegio Audiovisual (entendemos que por desconocimiento de la naturaleza y la magnitud del problema), que fue imposible, siquiera, su presentación al Consejo de Dirección para ser debatida y, en su caso, sometida a su aprobación. Solo ha sido posible elevar dicha solicitud, su aprobación en el órgano correspondiente, y su puesta en marcha, tras la salida de varios socios editores de la Junta Directiva como consecuencia de una sentencia judicial que ordenaba su cese inmediato por haber incurrido en “fraude de ley”, “abuso de derecho” y “burla a los estatutos de la SGAE”.

En estos momentos la auditoría se encuentra en curso y su primera etapa arroja ya resultados suficientemente reveladores como para poder asegurar que el problema, lejos de ser pequeño, es aún mayor del que esperábamos. Por lo tanto, es prioritario para todos, autores y editores afectados, llegar hasta el final, lo que permitirá normalizar toda la documentación de las obras contenidas en dichos Contratos Generales haciéndola transparente y fiable; al tiempo que asegurar que este problema, que genera grandes irregularidades en los repartos de autores de todo el mundo, sea subsanado, evitando su repetición en el futuro.

Lo cierto es que, una vez que se detecta este problema es, en gran parte, responsabilidad de las grandes editoriales corregir y enmendar la documentación de sus contratos, estableciendo en ellos los cambios necesarios que garanticen las liquidaciones adecuadas y correctas para todos los autores, y en todas las entidades de gestión. Pero también sería, o debiera ser, una obligación por parte de la ICMP (International Conference of Music Publishers), que representa internacionalmente a estos grandes editores, el exigir el máximo rigor y transparencia en esta cuestión, promoviendo una solución conjunta, en lugar de, como parece, desentenderse de esta responsabilidad.

Todo ello sin menoscabo de la responsabilidad de la propia SGAE respecto de la obligación que para los registros de obra por editor establece su Reglamento (Sección II, artículo 130). Precisamente, la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por dicho reglamento y la identificación y subsanación de toda irregularidad es el objetivo primordial de la auditoría iniciada, siendo este uno de nuestros retos principales como consejeros de la entidad en representación de nuestro colectivo desde el inicio de la actual legislatura.

En contrapartida, sin embargo, la SGAE está siendo objeto de una brutal campaña de difamación por parte de la ICMP, que, además, ha conseguido extender de forma incomprensible a la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), organización que debiera de proteger los derechos de los autores (pues ese fue el objetivo de su creación en 1926) y ser la primera en fomentar que estas irregularidades detectadas en los Contratos Generales de sus asociados sean subsanadas, para el bien de todos. En su lugar, se ha venido prodigando en incomprensibles y deliberadamente publicitados informes, que en ningún momento reflejan estos problemas y que, por el contrario, denuncian carencias e irregularidades en las normas de reparto de la SGAE, que son en todo compatibles con las de las entidades de nuestro entorno, así como supuestas incompatibilidades con las normas profesionales de dicha asociación, que la SGAE cumple con absoluta claridad. Todo ello, admiten, como consecuencia de las quejas y denuncias de una ICMP cuyas tesis ha asumido como propias, sin mayor atención a las explicaciones y documentación recibidas desde nuestra entidad, y que se producen, precisamente, tras el cese de los editores antes mencionados y la aprobación de la Auditoria de Contratos Editoriales que nos ocupa, lo que en nuestra opinión está lejos de ser casual.

Como es fácil comprender, es de suma importancia que esto sea conocido por la comunidad internacional de compositores, que estas grandes empresas editoriales asuman la debida responsabilidad y obligación de transparencia respecto de sus administrados, garantizando a los autores el riguroso cumplimiento de los acuerdos que firmaron originalmente, así como que la SGAE y todas las entidades de gestión asuman su papel vigilante de cara a impedir en el futuro abusos como los que han venido produciéndose.

Y naturalmente, no lo es menos que el Ministerio de Cultura conozca esta problemática de primera mano y garantice su compromiso de propiciar la continuidad de esta labor iniciada imprescindible para la transparencia en la gestión y la protección de los derechos de los autores de este país y también de los internacionales representados, así como la supervivencia de sus repertorios más allá de los intereses multinacionales, que deben, como todos, estar sujetos a la normativa vigente en todos los ámbitos.

Estoy siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto.

Recibid un cordial saludo,

Javier Losada Calvo
Vicepresidente de Pequeño Derecho”

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