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Carta de Javier Losada a los socios por el reparto de las multinacionales

El vicepresdiente de Pequeño Derecho en la SGAE, Javier Losada, dirige una carta a los socios en la que reflexiona sobre los resultados de la auditoría realizada a la sociedad con motivo del reparto realizado por las multinacionales.

La carta de Losada refleja todo un proceso de supuesta destrucción dirigida por parte de alguans multinacionales. La auditoría, aún en curso, desvela supuestas irregularidade en miles de contratos por parte de algunas compañías.

“Martes, 18 de septiembre de 2018

Queridos socios y socias, compañeros y compañeras del Pequeño Derecho:

En este comunicado deseo haceros partícipes de la situación y el estado de la problemática relacionada con los Contratos Editoriales y la Documentación de Obras. Quiero informaros también de que este mismo documento está siendo enviado al Ministerio de Cultura para su debido conocimiento a todos los efectos. En el año 2010, a consecuencia de la implantación de un nuevo sistema informático en la entidad, se inició un proceso completo de digitalización de la base de datos de todo el repertorio representado por la SGAE. Los técnicos que realizaban este trabajo, ya en aquel momento, alertaron a los órganos de administración sobre la detección de diferentes errores, carencias e inexactitudes en la documentación de los contratos generales que los socios editores (especialmente las grandes editoriales multinacionales) utilizan para cumplimentar el registro en las entidades de gestión de derechos de autor de las obras adscritas a los grandes catálogos en que dividen los extensos repertorios que representan. La comprobación de los errores detectados dejó al descubierto la existencia de fallos en la documentación de las obras, que parecen más frecuentes en dichos repertorios internacionales.

El protocolo seguido para el registro de estos grandes repertorios es el siguiente:

-Los Editores declaran los contratos y catálogos previamente, en lugar de las obras por separado, por lo tanto, las obras se registran, principalmente, a través del registro masivo electrónico (de la misma forma que en el resto de entidades de todo el mundo) pero, con este sistema, las verificaciones que, de forma individual, sobre cada una de las obras se pueden realizar son pocas, la veracidad de los datos contenidos en los Contratos Generales en estos repertorios es presuntamente baja, y la trazabilidad y transparencia de la información, muy escasa.

Un ejemplo de muestreo, que ya se llevó a cabo en 2010, comprobó 11 contratos que afectaban a 13.099 obras, de las cuales, 2.688 mostraron deficiencias de documentación y errores diversos. En este ejemplo hubo más obras en las que se detectó que el subeditor recibió en sus liquidaciones distinto porcentaje del que marca su contrato, o el autor recibió un porcentaje diferente del firmado en el contrato original, pero el error podría ser en cualquier sentido.

Si extrapolamos esos resultados a los 1.725 Contratos Generales y los 35.274 contratos entre “no miembros” existentes en la SGAE en aquel momento, el número de obras que podrían estar mal documentadas y con errores que afectarían a los derechohabientes sería alrededor de 345.000 (solo hasta 2010), lo que, a nuestro juicio, no solo justificaba, sino que hacía imprescindible un estudio más riguroso de esta casuística.

En definitiva, los contratos no están siendo bien interpretados y los porcentajes de los derechohabientes aparecen a menudo mal reflejados en los repartos, errores que son materializados, finalmente, en liquidaciones de derechos en muchos casos incorrectas. Todos estos problemas podrían ser solucionados en la SGAE (y en todas las sociedades del mundo) siempre que se tenga la documentación correcta de los contratos y la información puntual necesaria para corregirlos que, de buena fe, los editores, a solicitud de la SGAE en cumplimiento de su Reglamento, deberían poner a su disposición. Pero la colaboración por parte de estas compañías editoriales multinacionales ha sido escasa, o nula, en algún caso, como también lo ha sido hasta esta última etapa, aparentemente, el rigor de la entidad a la hora de exigirla.

El 26 de febrero del año 2016, tras varios intentos fallidos, los miembros del Colegio de Pequeño Derecho, a fin de corregir definitivamente este grave problema que afecta a miles de socios y asegurar que los compañeros autores reciban las remuneraciones que realmente les corresponden, acordaron solicitar formalmente al Consejo de Dirección, una auditoría externa de contratos editoriales y documentación de obras.

La solicitud de dicha auditoría obtuvo tal oposición frontal por parte de los miembros del Colegio Editorial y también por los del Colegio Audiovisual (entendemos que por desconocimiento de la naturaleza y la magnitud del problema), que fue imposible, siquiera, su presentación al Consejo de Dirección para ser debatida y, en su caso, sometida a su aprobación. Solo ha sido posible elevar dicha solicitud, su aprobación en el órgano correspondiente, y su puesta en marcha, tras la salida de varios socios editores de la Junta Directiva como consecuencia de una sentencia judicial que ordenaba su cese inmediato por haber incurrido en “fraude de ley”, “abuso de derecho” y “burla a los estatutos de la SGAE”.

En estos momentos la auditoría se encuentra en curso y su primera etapa arroja ya resultados suficientemente reveladores como para poder asegurar que el problema, lejos de ser pequeño, es aún mayor del que esperábamos. Por lo tanto, es prioritario para todos, autores y editores afectados, llegar hasta el final, lo que permitirá normalizar toda la documentación de las obras contenidas en dichos Contratos Generales haciéndola transparente y fiable; al tiempo que asegurar que este problema, que genera grandes irregularidades en los repartos de autores de todo el mundo, sea subsanado, evitando su repetición en el futuro.

Lo cierto es que, una vez que se detecta este problema es, en gran parte, responsabilidad de las grandes editoriales corregir y enmendar la documentación de sus contratos, estableciendo en ellos los cambios necesarios que garanticen las liquidaciones adecuadas y correctas para todos los autores, y en todas las entidades de gestión. Pero también sería, o debiera ser, una obligación por parte de la ICMP (International Conference of Music Publishers), que representa internacionalmente a estos grandes editores, el exigir el máximo rigor y transparencia en esta cuestión, promoviendo una solución conjunta, en lugar de, como parece, desentenderse de esta responsabilidad.

Todo ello sin menoscabo de la responsabilidad de la propia SGAE respecto de la obligación que para los registros de obra por editor establece su Reglamento (Sección II, artículo 130). Precisamente, la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por dicho reglamento y la identificación y subsanación de toda irregularidad es el objetivo primordial de la auditoría iniciada, siendo este uno de nuestros retos principales como consejeros de la entidad en representación de nuestro colectivo desde el inicio de la actual legislatura.

En contrapartida, sin embargo, la SGAE está siendo objeto de una brutal campaña de difamación por parte de la ICMP, que, además, ha conseguido extender de forma incomprensible a la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), organización que debiera de proteger los derechos de los autores (pues ese fue el objetivo de su creación en 1926) y ser la primera en fomentar que estas irregularidades detectadas en los Contratos Generales de sus asociados sean subsanadas, para el bien de todos. En su lugar, se ha venido prodigando en incomprensibles y deliberadamente publicitados informes, que en ningún momento reflejan estos problemas y que, por el contrario, denuncian carencias e irregularidades en las normas de reparto de la SGAE, que son en todo compatibles con las de las entidades de nuestro entorno, así como supuestas incompatibilidades con las normas profesionales de dicha asociación, que la SGAE cumple con absoluta claridad. Todo ello, admiten, como consecuencia de las quejas y denuncias de una ICMP cuyas tesis ha asumido como propias, sin mayor atención a las explicaciones y documentación recibidas desde nuestra entidad, y que se producen, precisamente, tras el cese de los editores antes mencionados y la aprobación de la Auditoria de Contratos Editoriales que nos ocupa, lo que en nuestra opinión está lejos de ser casual.

Como es fácil comprender, es de suma importancia que esto sea conocido por la comunidad internacional de compositores, que estas grandes empresas editoriales asuman la debida responsabilidad y obligación de transparencia respecto de sus administrados, garantizando a los autores el riguroso cumplimiento de los acuerdos que firmaron originalmente, así como que la SGAE y todas las entidades de gestión asuman su papel vigilante de cara a impedir en el futuro abusos como los que han venido produciéndose.

Y naturalmente, no lo es menos que el Ministerio de Cultura conozca esta problemática de primera mano y garantice su compromiso de propiciar la continuidad de esta labor iniciada imprescindible para la transparencia en la gestión y la protección de los derechos de los autores de este país y también de los internacionales representados, así como la supervivencia de sus repertorios más allá de los intereses multinacionales, que deben, como todos, estar sujetos a la normativa vigente en todos los ámbitos.

Estoy siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto.

Recibid un cordial saludo,

Javier Losada Calvo
Vicepresidente de Pequeño Derecho”

Propiedad intelectual,copyright

Europa aprueba proteger los derechos de autor frente a los gigantes digitales

Si los autores cobran derechos por sus trabajos fuera de la red es justo que también tengan que hacerlo si se usan o difunden por la red. Así lo reconoció ayer el Parlamento Europeo que dio el sí a la directiva sobre derechos de autor que pretende adaptar la ley al mundo digital.

Un total de 438 a favor, 226 en contra y 39 abstenciones fueron los resultados de la votación con la que la Eurocámara aprobó la nueva directiva sobre derechos de autor para adaptarla al momento actual y defender a los autores frente a los gigantes tecnológicos como Google, Youtube o Facebook, que tendrán que compartir los ingresos que consiguen con los agentes de la industria creativa.

Con este paso adelante, que aprueba esta modificación tras rechazarla el Parlamento Europeo en un primer intento el pasado mes de julio, se abren las negocaciones con el Consejo de la UE para adaptar la normativa, que data de 2001, al nuevo escenario actual con el desarrollo de las plataformas de Internet.

El texto aprobado pretende defener y garantizar que los creadores, esepcialmente músicos, intérpretes y guionistas, así como editores y periodistas, reciban una remuneración justa por sus creaciones cuando las platafomras de internet las compartan o difundan.

De esta manera, los gigantes digitales estarán obligados a firmar acuerdos con los autores o empresas para reproducir el contenido protegido.

Los artículos más polémicos en esta negociación son el 11 y el 13. El primero de ellos, como recoge Cinco Días, otorga a los editores de prensa el derecho renunciable a reclamar compensaciones por compartir sus artículos o fragmentos en plataformas digitales. En este punto se contempla que los editores puedan reivindicar este derecho durante 20 años.

En cuanto al artículo 13, pretende proteger los contenidos que se suben a las plataformas digitales para que no se viole el copyright, según publica el Huffington Post. De esta manera, los gigantes tecnológicos como Google, Youtube o Facebook tendrían que controlar que los contenidos que comparten sus usuarios no infringen derechos de autor. En concreto, tal como plasma Cinco Días, los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea tendrán que adoptar “medidas adecuadas y proporcionadas” para garantizar “el correcto funcionamiento de los acuerdos” alcanzados con los titulares de los derechos. No obstante, quedarán exentas las pequeñas plataformas, ademas de enciclopedias en Internet, como Wikipedia, o plataformas de software de código abierto.

El texto contempla que los autores pueden reclamar una mayor cantidad por derechos de autor cuando lo acordado sea desproporcionadamente inferior a los beneficios obtenidos, que deben contemplar también los ingresos indirectos.

Ahora, tendran que comenzar las negociaciones para que la directiva se aprueba antes de finales de año, que es el objetivo marcado por Europa.

Teddy Bautista, SGAE

La SGAE se retira como acusación particular contra Teddy Bautista

El Consejo de Dirección de la SGAE ha aprobado su retirada como acusación particular contra Teddy Bautista en el llamado caso Saga. Este procedimiento se inició hace ya siete años y el caso sigue a la espera de juicio.
La SGAE ha dejado de ser parte acusadora contra el que fuera presidente de la entidad durante treinta años, entre 1981 y 2011, aunque la sociedad seguirá personándose como parte perjudicada. De esta manera, según la entidad, exigirá las responsabilidades civiles y patrimoniales que se deriven del juicio si así fuera pertinente una vez se resuelva el caso.

En el último año de mandato de Bautista al frente de la SGAE, la recaudación por derechos de autor en la entidad superó los 365 millones de euros, frente a los 239 de 2016 y los 248 millones de 2017.

La última aparición públics de Teddy Bautista fue en abril, cuando recibió el trofeo honorífico de los Premios Apolo que concede Musicaem (Músicos Compositores y Autores de Medios). “Las mentiras tienen un problema, porque siempre hay alguien que se las cree; pero la verdad tiene otro problema, que es incómoda”, destacó entonces. “Quiero la verdad y por eso agradezco que la música me haya permitido mantener la pelea, una pelea que será hasta el último minuto por recuperar la verdad”.

Europe for Creators ok

Europe for Creators lanza una campaña a favor de la directiva de derechos de autor

Europe For Creators, la coalición de ciudadanos, creadores y organizaciones que apoyan la directiva europea sobre los derechos de autor en la era digital, han lanzado una campaña que pone de manifiesto “la importancia de votar a favor” de esta nueva regulación en la consulta que se realizará en la Eurocámara el 12 de septiembre.

La campaña, según recoge la SGAE, incide en algunos aspectos desconocidos o erróneos del tema. Así, el artículo 13 de la directiva obligará a las plataformas de Internet a negociar acuerdos de licencia “justos” con los titulares de los derechos de autor. Según la organización, “esta es la verdadera cuestión” que algunos “gigantes tecnológicos”, como Google, Amazon y Facebook, “quieren ocultar”.

“Los grandes poderes económicos digitales continúan aumentando sus beneficios al mismo tiempo que los artistas trabajan duro y tienen problemas para sobrevivir. El equilibrio entre los ingresos obtenidos por las plataformas de Internet y el dinero que entregan a los creadores responsables de su éxito se encuentra completamente distorsionado” ha explicado la directora general de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC), Véronique Desbrosses.

Los ejes que marcan este debate incluyen la creatividad, donde formatos de expresión creativa como “memes” y “gifs”, “ya se encuentran protegidos” por la legislación existente y “no se verían afectados por la nueva directiva”. También la transparencia ya que “los acuerdos de remuneración que han alcanzado las plataformas de Internet con los creadores de contenido resultan opacos”. Para Europe For Creators, estas plataformas “no ofrecen datos públicos” sobre este aspecto de su negocio y los acuerdos firmados con los titulares de derechos de autor se encuentran “bloqueados” por cláusulas de confidencialidad. Con la nueva directiva la transparencia, aseguran, “adquiriría un papel fundamental”.

Otra de las cuestiones abordadas es la paridad. Este organismo considera que las plataformas de Internet gratuitas “se han aprovechado de la falta deconsistencia legislativa”. Servicios online similares “no tienen las mismas obligaciones”. Sin embargo, las plataformas gratuitas de streaming “pagan a los creadores del contenido diez veces menos” que los servicios basados en suscripciones.

Según el texto, “el sector de la cultura y la creación en la Unión Europea mueve 536 mil millones de euros anuales, más que la facturación combinada de los sectores automovilístico y de telecomunicaciones, y además genera 12 millones de puestos de trabajo. Hemos enriquecido las vidas de los ciudadanos europeos y ahora realizamos un llamamiento para que Europa actué”, ha añadido Desbrosses.

Durante las próximas semanas, Europe for Creators agrupará a organizaciones y simpatizantes y buscará motivar a los ciudadanos de toda Europa, a través de un manifiesto, para que involucren a sus eurodiputados en la lucha por los derechos de todos los creadores.

Así, las acciones incluirán una carta abierta enviada a todos los eurodiputados para hacerles partícipes de esta lucha; debates organizados en toda Europa el día 5 de septiembre por las sociedades de autores para informar a ciudadanos, artistas y creadores, que coincidirán con la publicación del nuevo texto; y eventos “impactantes” que se llevarán a cabo en ciudades “claves” europeas antes de la votación del 12 de septiembre.

Europe for Creators ha lanzado una web y cuenta de Twitter dedicadas a diseminar información acerca de la Directiva y animar a los simpatizantes a que la compartan.

copyright derechos autor ley propiedad intelectual

El Parlamento Europeo rechaza la reforma de los derechos de autor en internet

Con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones, el Parlamento Europeo rechazó el pasado jueves la propuesta de la Comisión Europea para reformar la normativa que rige los derechos de autor en internet.

Dicha reforma se dirigía sobre todo a plataformas digitales, como Facebook, Youtuve o Google, ya que obligaba a remunerar a los proveedores de contenidos por los derechos de autor.

La propuesta, que fue aprobada sin embargo el pasado 20 de junio por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, queda así bloqueada de manera que no se podrán iniciar las negociaciones con el Consejo de la UE, que es la entidad que representa a los estados miembros y que deben ser en última estancia los que elaboren las normas definitivas.

Esta reforma tendrá que volver a debatirse y someterse a votación en el pleno del Parlamento Europeo del mes de septiembre.

Los puntos más polémicos de esta reforma se centran en los artículos 11 y 13. El primero reconoce el derecho legal de los medios de comunicación a reclamar a las plataformas digitales compensaciones por incluir sus contenidos informativos, durante un periodo de 20 años.

Por lo que respecta al artículo 13, establece que dichas plataformas que facilite acceso público a “grandes cantidades de obras” tendrían que asegurar el “correcto funcionamiento” de los acuerdos alcanzados con los titulares de los derechos de autor”.

El eurodiputado responsable del informe que se sometió a votación, el popular alemán Axel Voss, destacó que no se trata de acabar con internet, como le habían criticado otros colegas del Parlamento Europeo, sino conseguir que el entorno digital esté regido por las mismas normas sobre derechos de autor.

Al mismo tiempo, más de 32.000 autores de toda Europa firmaron una petición en la que exigen que las grandes plataformas digitales compensen de forma justa a los autores de sus contenidos.

 

ASAMBLEA GENERAL JUNIO 2018

Los socios de la SGAE rechazan las cuentas, la gestión y la modificación de estatutos

Los socios de la SGAE, reunidos en su Asamblea General en Madrid, rechazaron ayer la gestión realizada en 2007 por el equipo directivo, así como las cuentas correspondientes a ese ejercicio y la modificación de los estatutos de la sociedad.

En total fueron 25.581 votos los emitidos en la Asamblea General de la SGAE, de los cuales 14.559, es decir, un 56,91 por ciento, se manifestaron en contra de las cuentas de la entidad, frente a 9.735, un 38,05 por ciento, que dieron su aprobación, con 1.287 abstenciones, un 5,03 por ciento.

El informe de gestión fue rechazado por un mayor número de votos. De los 26.140 emitidos, 16.133 fueron en contra (61,72 por ciento), 9.059 a favor (34,66 por ciento) y 948 abstenciones (3,63 por ciento).

El punto que más papeletas en contra tuvo fue el de la modificación de estatutos de la SGAE que proponía la Junta Directiva, en base a los cambios en la Ley de Propiedad Intelectual. Del total de 24.683 votos, 16.442 se manifestaron en contra (66,61 por ciento), mientras que 16.442 (6661 por ciento) dieron su voto favorable y 471 (1,91 por ciento) fueron abstenciones.

La SGAE presentó ante sus socios el reparto de 2017, que alcanzo 248,2 millones de euros, lo que supone, según el informe, un 3,8 por ciento más, frente a los 239,1 millones de 2016. Entre los datos dados a conocer, destacan los derechos digitales, cuya recaudación creció un 20 por ciento, y los procedentes del extranjero, con 29,8 millones, un 2,5 por ciento más. También la recaudación de obras dramáticas se incrementó en un 5,3 por ciento, alcanzando los 10,8 millones de euros.

Sin embargo, bajaron los derechos de autor procedentes de radio y cable, un 1,1 por ciento menos, y de los ingresos sociales obtenidos por el área de soportes, que descendieron un 22 por ciento.

Foto: Luis Camacho/SGAE

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