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El decreto de propiedad intelectual endurece las condiciones para SGAE

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad que se tramite como proyecto de ley el real decreto de propiedad intelectual aprobado por el Gobierno para adecuarse a las dos directivas europeas que pretenden reforzar el control sobre las entidades de gestión.

La aplicación de la normativa, que entró en vigor el pasado mes de abril, se realiza, según explicó el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para evitar una sanción de Bruselas que supondría un desembolso de 123.000 euros diarios a partir de la fecha de la sentencia.

El retraso en la tramitación de ese texto fue criticada por los partidos de la oposición, al considerar que deberia haber llegados antes, cuando vencía el plazo para la trasposición, el 30 de abril de 2016, aunque el ministro lo achacó al período en el que el Gobierno estuvo en funciones.

El decreto ley endurece las condiciones del órgano de control interno establecidas en la directiva europea para las entidades de gestión que recaudan más de 100 millones de euros, como es el caso de la SGAE. De esta forma, dicho órgano, que controlará la ejecución del prespuesto o el reparto a los socios, tendrá que contar con personas independientes ajenas a la entidad.

Estas entidades tendrán tres meses desde la aprobación del decreto ley para enviar al Ministerio de Cultura las modificaciones necesarias de sus estatus para que se sometan a su aprobación.

Además, se contemplan las licencias multiterritoriales sobre obras musicales para facilitar la labor de los proveedores de servicios de música online cuando quieren adquirir licencias para repertorios agregados para el territorio de Estados miembros.

El texto regula también la figura del operador de gestión independiente, que operaba de facto anteriormente, bajo la supervisión de la administración.